Comunicado ante la privatización de los servicios bibliotecarios
Ante la noticia aparecida estos días que informa sobre la privatización de los servicios de la biblioteca pública de Alcalá de Guadaira (Sevilla), la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas quiere expresar lo siguiente:
- Las bibliotecas públicas forman parte de los servicios públicos, mecanismo ideado por el Estado para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía (entre ellos, el derecho de acceso a la cultura y a la información).
- La gestión de los servicios públicos, como es el caso de las bibliotecas públicas, es responsabilidad del Estado (entendido éste en un sentido amplio, abarcando todas las administraciones públicas), que debe asegurar la prestación de estos servicios con la mayor calidad posible.
- La externalización de los servicios públicos que está teniendo lugar en los últimos años supone una gestión privada que introduce el afán de lucro en actividades que deben regirse únicamente por la rentabilidad social.
- Además, no está demostrado que los servicios privatizados se presten con mayor calidad ni ahorro que cuando su gestión era pública. El aparente abaratamiento de costes no es tal cuando se contabilizan todos los que genera un proceso de externalización, que son en gran parte transferidos a la sociedad (desde los problemas de salud que originan unas condiciones laborales indignas hasta los fallos de seguridad de unas infraestructuras defectuosas).
- La defensa de la biblioteca pública como servicio público es, pues, obligada para la comunidad bibliotecaria si se comparte el espíritu que anima las numerosas declaraciones de los órganos que deben tenerse en cuenta en este sector, como son la IFLA y la UNESCO. No estamos dispuestos a tolerar que el debate sobre la biblioteca pública se centre en la eficiencia de costes y procesos desde la perspectiva de la gestión privada.
- Por último, nos resulta decepcionante que un partido político que debería defender un modelo socialdemócrata de gestión de los servicios públicos siga apoyando criterios neoliberales. Por ello, exigimos la paralización inmediata del proceso de privatización de los servicios de la biblioteca pública de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión
“El que sabe no habla, el que habla no sabe”
Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.
El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española "la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio".
Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.
La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.
Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.
El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?
El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.
El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:
"La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir".
Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.
Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.
David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.
