Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión
“El que sabe no habla, el que habla no sabe”
Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.
El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española "la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio".
Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.
La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.
Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.
El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?
El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.
El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:
"La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir".
Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.
Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.
David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.
El BNG contra el préstamo de pago en bibliotecas
No siempre la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas recibe una adhesión tan clara a nuestras posturas contra el canon bibliotecario como ésta del Bloque Nacionalista Galego.
Ojalá el resto de los partidos políticos se expresaran tan claramente contra los abusos de las sociedades privadas de gestión de derechos de autor.
Desde aquí animamos al resto de los partidos políticos, también a los de implantación estatal, a que no se queden en las mociones contra el canon en los ayuntamientos y den un paso más, como ahora lo hace el BNG, y lleven la oposición al canon al Parlamento Europeo.
EL BNG DEMANDARÁ EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA SUPRESIÓN DEL CANON BIBLIOTECARIO Santiago de Compostela, 1 Junio 09.- La cabeza de lista del BNG al Parlamento Europeo Ana Miranda, anunció hoy su compromiso, recogido en el programa electoral del BNG, de trabajar para que se suprima el canon bibliotecario en la Unión Europea.
Ana Miranda considera que “es una tasa injusta, ya que en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura”
Ana Miranda considera que la directiva europea 2006/115/CE que establece el canon bibliotecario “es una norma injusta, sobre la que no existe un acuerdo en la Unión Europea y que generó una gran oposición social”. La candidata del BNG subraya que “en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura sobre el mercantilismo”.
La directiva 2006/115/CE fue transpuesta en el Estado español a través de la Ley 10/2007, del 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece un canon para los usuarios, fijado de manera provisional en 0,20 €, por cada obra adquirida en las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes. “Esto está suponiendo muchos millones de euros para el erario público que benefician a las entidades de derechos de autor”, subraya Ana Miranda.
Las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores
La candidata del BNG justifica la necesidad de suprimir el canon bibliotecario recordando que “las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores ya que fomentan la lectura”. Además, recuerda que “el derecho de acceso a la cultura que propician las bibliotecas a través del préstamo justifica jurídicamente una limitación del derecho de propiedad intelectual, en consonancia con la proclamación constitucional de su función social”.
Ana Miranda destaca también que el préstamo de libros en el Estado español sigue siendo de los más bajos de la UE: 1,18 al año frente a la media europea de 5,0.
“En un escenario de crisis es injustificable que se grave aún más los presupuestos, ya de por sí escasos, de las bibliotecas públicas”
Por otra parte, la candidata del BNG al Parlamento Europeo considera “injustificable que en un escenario de crisis económica en el que ya se están reduciendo los presupuestos para adquisiciones de algunas bibliotecas públicas, es inadmisible gravarlas con el canon bibliotecario”.
Añade también que “es muy cuestionable que trabajadores públicos, como son los bibliotecarios, dediquen una parte de su jornada laboral a proporcionar unos datos que benefician, sobre todo, a una entidad privada de gestión de derechos de autor”.
Por último, la cabeza de lista del BNG recuerda que la aplicación de la directiva 2006/115/CE “ya fue motivo de polémica en otros países, como lo demuestra las sanciones impuestas por este motivo por la Comisión Europea: a Bélgica en 2003 y los procedimientos de infracción iniciados en 2004 contra el Estado español, Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Finlandia”:
Saludos: Gabinete de Prensa del BNG.
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